En los últimos treinta años los derechos de los trabajadores no han dejado de retroceder. Todos los logros conseguidos mediante la lucha, la firmeza y la reivindicación desde las bases obreras en los años 60 y 70 se han ido perdiendo tras el “pacto democrático”.
El neoliberalismo –que predica temporalidad, desregulación y bajada de salarios como medidas de obligado cumplimiento– ha puesto la bases, y los sucesivos gobiernos –del PP y del PSOE– han ido reduciendo progresivamente los derechos hasta el punto de degradación en que hoy nos encontramos.
Las leyes gubernamentales han permitido hacer el despido prácticamente libre en España. Apenas algunos casos muy específicos permiten a la judicatura determinar despidos nulos. Y en los casos de despidos improcedentes, es el empresario el que decide si readmite o no al trabajador.
El despido es casi gratuito. A las mínimas indemnizaciones que se establecen hay que añadir la gran cantidad de contratos temporales, de manera que para el empresario apenas tiene coste despedir a sus trabajadores. Aún más si tenemos en cuenta que una parte de éste lo asume el Estado.
Las leyes favorecen los numerosos ERE´s y los sindicatos apenas ejercen oposición. Además, estas mismas leyes dificultan, retrasan y disminuyen el acceso a las prestaciones sociales, en una época en la que la pobreza se está extendiendo de manera alarmante a un porcentaje cada vez más amplio de la sociedad. Las prestaciones por desempleo se reducen en cuantía y tiempo por lo que de seguir la progresión actual, las condiciones para acceder a la jubilación serán inasumibles por la gran mayoría de los ciudadanos.
Este escenario reclama un profundo cambio del ámbito sindical. Los años de políticas sindicales en que se han sucedido acuerdos con empresarios y gobiernos, bajo el miedo de que mejor un mal pacto que un enfrentamiento, tienen también su parte de responsabilidad en la actual situación.
Una situación que se agrava además con el ataque sistemático a los Derechos Humanos que está llevando a cabo el gobierno. Miles de familias que no pueden hacer frente a los abusivos pagos de su hipotecas –muchas de ellas sin ingresos, con todos sus miembros en paro, o dependiendo de sus mayores– son desahuciadas, expulsadas a diario de sus casas sin ofrecerles siquiera una alternativa habitacional.
Igualmente, los recortes en los servicios públicos (sanidad, educación, justicia), el encarecimiento atroz de los precios de los servicios básicos (luz, agua, teléfono, combustibles) y las continuas subidas de impuestos tanto directos (I.R.P.F.), como indirectos (I.V.A.), hacen que la situación de la inmensa mayoría de ciudadanos sea insostenible. Mientras tanto la corrupción, los privilegios y la impunidad de las más altas esferas institucionales, empezando por la Casa Real, no dejan de aumentar.
Por ello, l@s trabajador@s tenemos que tomar conciencia de que nuestra única alternativa es recuperar la lucha que hemos abandonado desde hace, al menos, veinte años. La falsa comodidad de la representatividad, parlamentaria y sindical, nos ha conducido a un estado de letargo que ha dejado el camino libre al Capital. Y sin resistencia, el capital impone su lógica.
El 1º de mayo habrá manifestaciones en todas las provincias y en la gran mayoría de las poblaciones del estado español. Ese día jóvenes, trabajador@es, desemplead@s y jubilad@s tenemos que mostrarnos unidos contra las medidas neoliberales que se aplican en todos los rincones del estado, pero siempre sobre los mismos.
Ese día, nuestra presencia debe hacerse notar.
En consecuencia, el Frente Cívico “Somos Mayoría” hace un llamamiento a que el próximo miércoles las calles se llenen de gente y de proclamas, de firmeza y compromiso, de lucha y dignidad.
¡El 1º de mayo, todas y todos a las calles!
¡¡Ni un recorte más!!
¡¡Ni un desahucio más!!
¡¡Por el reparto de la riqueza!!
¡¡La deuda ilegítima no se paga!!
¡¡Derogaciones de las reformas laborales ya!!
¡¡Por una economía para las personas y para el planeta!!
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